Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, anunció la reapertura del sumario administrativo relacionado con el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social. Esta medida tiene como objetivo revisar la investigación administrativa que fue sobreseída durante el gobierno de Gabriel Boric, con la finalidad de determinar posibles irregularidades en la tramitación de estos beneficios. Según Pavez, La Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario. Esto se produce porque, cuando los sumarios administrativos terminan, hay que llevarlos a la Contraloría para la toma de razón. El ministro subrogante explicó que esta decisión se debe a que la Contraloría identificó dificultades en el sumario anterior, por lo que es una orden directa de dicho organismo. En relación a posibles sanciones, Pavez afirmó que el Ejecutivo cumplirá con la instrucción y buscará establecer eventuales sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Además, señaló que el Gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia relacionadas con el estallido social. Respecto a los tiempos del proceso, Máximo Pavez aclaró que la reapertura del sumario administrativo y la revisión de las pensiones son procedimientos distintos. El sumario es un sumario administrativo que tenemos que reaperturar. Hay una fiscal designada y tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea, agregó. En cuanto a la revisión de los beneficios, Pavez mencionó que una vez esté lista se comunicará a la opinión pública. Lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) ha revelado una serie de irregularidades administrativas dentro de Carabineros, específicamente en la contratación y fiscalización de los funcionarios que se desempeñan como oficiales de justicia de la institución policial. El informe INVE N° 540 de 2025, centrado en la Dirección Nacional de Personal de Carabineros durante el año 2024, ha puesto al descubierto problemas en las jornadas laborales y en las contrataciones adicionales por resolución (CPR), detectando anomalías que van en contra de la normativa vigente. El hallazgo más relevante del informe indica que, de un total de 144 abogados que trabajaban como oficiales de justicia y cuyas remuneraciones conjuntas superaron los $5.540 millones durante 2024, un grupo de 36 funcionarios mantenía simultáneamente un segundo contrato CPR por 22 horas semanales adicionales, percibiendo más de $1.944 millones por esta vía. La Contraloría verificó que estos 36 profesionales realizaban exactamente las mismas labores en ambos contratos, lo cual va en contra de la normativa pública. Según el dictamen N°13.912 de 2017 de la CGR, una contratación adicional solo es permitida cuando se trata de funciones distintas a las del contrato principal. Ante esta situación, se ha ordenado ajustar las designaciones. Si la jornada de 22 horas resulta insuficiente, corresponderá al General Director de Carabineros actualizar el documento para cubrir las necesidades del servicio, recordando que los oficiales tienen la obligación de extender su jornada ordinaria cuando sea necesario. La auditoría también ha revelado una severa deficiencia en la fiscalización interna. En las inspecciones en terreno, se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato no contaban con registros de asistencia ni sistemas de control horario, lo que impidió a la Contraloría verificar si cumplían con las horas por las cuales estaban siendo remunerados con recursos del Estado. Además, se descubrió que 5 funcionarios emitieron boletas por más de $43 millones a particulares durante 2024. A nivel general, 23 oficiales emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a Carabineros. A pesar de que el ejercicio de labores privadas no es necesariamente una infracción, la ausencia de registros imposibilita determinar si dichos trabajos particulares se realizaron fuera del horario laboral institucional. Por último, el informe alertó sobre pagos en exceso a dos funcionarios por montos significativos. Ante esto, la Contraloría tomará acciones legales para exigir la restitución del dinero mediante un reparo y Carabineros deberá informar sobre los resultados de una investigación disciplinaria interna para determinar responsabilidades administrativas. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, anunció la reapertura del sumario administrativo relacionado con el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas durante el estallido social. Esta medida tiene como objetivo revisar la investigación administrativa que fue sobreseída durante el gobierno de Gabriel Boric, con la finalidad de determinar posibles irregularidades en la tramitación de estos beneficios. Según Pavez, La Contraloría General de la República nos instruyó reabrir el sumario. Esto se produce porque, cuando los sumarios administrativos terminan, hay que llevarlos a la Contraloría para la toma de razón. El ministro subrogante explicó que esta decisión se debe a que la Contraloría identificó dificultades en el sumario anterior, por lo que es una orden directa de dicho organismo. En relación a posibles sanciones, Pavez afirmó que el Ejecutivo cumplirá con la instrucción y buscará establecer eventuales sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían. Además, señaló que el Gobierno ya está revisando todas las pensiones de gracia relacionadas con el estallido social. Respecto a los tiempos del proceso, Máximo Pavez aclaró que la reapertura del sumario administrativo y la revisión de las pensiones son procedimientos distintos. El sumario es un sumario administrativo que tenemos que reaperturar. Hay una fiscal designada y tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea, agregó. En cuanto a la revisión de los beneficios, Pavez mencionó que una vez esté lista se comunicará a la opinión pública. Lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
Una auditoría de la Contraloría General de la República ha revelado una serie de fallas en los sistemas tecnológicos y administrativos del Servicio Médico Legal, generando preocupación por la falta de supervisión en el Sistema Integrado de Gestión de Alcoholemias. Según el informe, este sistema que registra los exámenes de alcoholemia opera sin supervisión del área informática desde 2023, lo que impide asegurar la integridad de la información almacenada y la trazabilidad de los datos. Además, se señala que la revisión del sistema fue realizada por un profesional externo a honorarios que ya no pertenece a la institución. El informe final N° 735/2025 también destaca deficiencias que comprometen la trazabilidad de evidencias y la seguridad de información sensible. Entre ellas, se menciona que los registros de ingresos, salidas y derivaciones de evidencias tanatológicas se realizan en libros de papel sin identificación adecuada de los médicos responsables. Adicionalmente, la eliminación de muestras se registra en planillas Excel sin un formato estandarizado, lo que dificulta identificar quién intervino en cada procedimiento y expone el material a errores o alteraciones no detectables, afectando su conservación e integridad. En cuanto a seguridad informática, se detectaron 24 usuarios activos en bases de datos institucionales que no corresponden al personal vigente del servicio, lo que representa un riesgo potencial de accesos no autorizados a datos sensibles. El informe también menciona inconsistencias en registros, como duplicidad de identificadores y errores en números de RUN de personas peritadas, lo que puede dificultar la correcta acreditación de pericias. Asimismo, se identificaron vulnerabilidades críticas en el sistema SIGAL y servidores activos sin soporte vigente, exponiendo los sistemas a posibles ciberataques. Frente a esta situación, el Servicio Médico Legal deberá presentar en un plazo de 60 días hábiles los antecedentes sobre la implementación de controles para asegurar un registro completo y verificable en el procedimiento de alcoholemias, así como corregir las fallas detectadas. Fuente: ADN Radio Nacional
La Contraloría General de la República ha revelado que un total de 910 funcionarios públicos y municipales han participado en actividades de apuestas en casinos, llegando a apostar más de $11.490 millones, a pesar de estar prohibidos legalmente debido a sus responsabilidades relacionadas con la administración de fondos estatales. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°20, que abarca el periodo comprendido entre enero de 2024 y junio de 2025 e involucra a trabajadores de 371 instituciones públicas en todo el territorio nacional. El análisis se basó en la comparación de datos entre los registros de funcionarios obligados a rendir caución (por manejar o custodiar fondos públicos) y la información proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego sobre los clientes de casinos. Dentro del grupo identificado, 181 funcionarios concentran la mayor parte de las sumas apostadas, llegando a superar los $11.118 millones, lo que representa el 96,8% del dinero apostado por este conjunto. Según la Contraloría, en varios casos los niveles de gasto no coinciden con las remuneraciones declaradas, lo que ha generado preocupación sobre el origen de los fondos utilizados. El informe también señala que los mayores montos apostados corresponden a funcionarios pertenecientes a entidades como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, la Tesorería General de la República y diversas municipalidades. Específicamente, los 20 casos con las cifras más altas suman más de $5.392 millones, con apuestas individuales que incluso superan los $1.000 millones. Los perfiles involucrados van desde cargos directivos y fiscalizadores hasta funciones profesionales y operativas dentro del sector público. Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha anunciado que enviará el Listado completo de funcionarios a la Superintendencia de Casinos para que esta ejerza su labor fiscalizadora y determine posibles sanciones. También se remitirán los antecedentes a los servicios públicos y municipios respectivos para que inicien sumarios administrativos y establezcan responsabilidades internas. Finalmente, los casos relacionados con los 181 funcionarios encargados de administrar fondos públicos serán derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para evaluar posibles acciones legales. Fuente: ADN Radio Nacional
