Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones. Nuevos antecedentes del caso ProCultura volvieron a situar en el centro de la polémica al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un reportaje de T13 revelara conversaciones privadas en las que el psiquiatra Alberto Larraín hablaba de un millonario convenio con el GORE antes de que el proyecto fuera presentado y aprobado. Todo ocurre mientras Larraín se mantiene imputado por fraude al fisco y con la cautelar de arraigo nacional decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía. La investigación del Ministerio Público apunta a la adjudicación del programa “Quédate”, una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000, mediante un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, dirigida por Larraín. Según la Fiscalía, el convenio habría sido asignado sin licitación y no se ejecutó de manera íntegra, manteniéndose cerca de mil millones de pesos sin una rendición adecuada. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Antofagasta, a solo 20 días de que Orrego asumiera como gobernador regional, en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp entre Larraín, la directora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme, y la entonces jefa de Desarrollo Social del GORE, Evelyn Magdaleno. En esos intercambios se discutían minutas, reuniones y eventuales proyectos. En uno de los mensajes, Larraín señaló: “ Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero ”. En otro de los chats revelados, el psiquiatra afirma que “ Orrego me quiere pasar como dos mil millones ”, en referencia a recursos para salud mental. Según el reportaje, esos mensajes se enviaron tres semanas antes de que el proyecto “Quédate” fuera presentado al Consejo Regional. Luego de que estallara el Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo en la gobernación. Ese mismo día, según el reportaje, Claudio Orrego le envió un mensaje por Telegram a las 11:36 horas: “ Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo ”. La investigación busca determinar si existieron conversaciones que pudieran comprometer a la autoridad regional y si eventualmente se eliminaron mensajes. T13 indicó que se contactó a Claudio Orrego y a su equipo, pero señalaron que no realizarán comentarios respecto del reportaje. En paralelo, el Ministerio Público mantiene diligencias y espera que se revise el eventual desafuero del gobernador para que pueda enfrentar al Juzgado de Garantía y entregar su versión sobre los chats y el tenor de sus gestiones con Larraín. Fuente: CNN Chile País
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con funcionarios de Gendarmería, llevaron a cabo un extenso operativo en 8 cárceles distribuidas en 7 regiones de Chile, de forma simultánea. La operación, conocida como “ Operación Apocalipsis ”, resultó en la desarticulación de una red de corrupción que operaba dentro de las prisiones, especialmente en el centro penitenciario Santiago 1. Este operativo se llevó a cabo durante la madrugada del martes, y ha culminado con múltiples arrestos. Según informes del Ministerio Público, se emitieron un total de 77 órdenes de detención, de las cuales 42 están dirigidas a miembros de Gendarmería. Hasta el momento, 36 funcionarios de Gendarmería han sido detenidos. Se espera que en breve, las autoridades proporcionen más detalles sobre este masivo operativo policial realizado en diversas cárceles a lo largo del país. Esta noticia está en desarrollo y será actualizada conforme se obtengan más detalles. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras más de una década de investigación judicial y casi tres años de juicio oral, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió el veredicto del caso Soquimich (SQM), absolviendo a todos los acusados, incluyendo al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su ex asesor Cristián Warner y el ex ministro Pablo Longueira. El fallo marca el cierre de una causa que se remonta a 2014, cuando salieron a la luz presuntos aportes irregulares de la minera no metálica a campañas políticas, revelando una compleja red de financiamiento que involucró a empresarios, dirigentes y figuras públicas. Durante la audiencia, el tribunal criticó el actuar poco prolijo del Ministerio Público y la extensa duración del proceso judicial, señalando que las penas estarían cumplidas, lo que vulnera más la extensión temporal del procedimiento. En la lectura del veredicto, los magistrados detallaron que se absuelve a los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner Villagrán por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de delitos tributarios, según informó T13. El juicio oral se extendió por 981 días y 558 audiencias, convirtiéndose en uno de los procesos más largos y complejos en la historia judicial chilena. Se presentaron cerca de mil testigos y un centenar de peritos, junto con más de 16 mil documentos y dos mil medios de prueba. Durante la audiencia final, ninguno de los imputados tomó la palabra, cerrando así un proceso marcado por la reserva y el silencio de las defensas. El caso SQM surgió como una arista del caso Penta, revelando en 2014 indicios sobre boletas y facturas falsas para justificar aportes políticos. Según la investigación del Ministerio Público, entre 2008 y 2014 la empresa habría desembolsado más de 14.7 millones de dólares mediante más de 1.200 documentos tributarios falsos para financiar campañas electorales y gastos personales. La Fiscalía de Valparaíso acusaba a Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, por autorizar directamente estas operaciones ilegales. Durante el proceso, más de 50 imputados fueron sobreseídos o accedieron a salidas alternativas. La compañía llegó a acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos y autoridades estadounidenses, pagando más de 30 millones de dólares en sanciones ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Con esta resolución judicial, el caso SQM concluye oficialmente, poniendo fin a uno de los capítulos más prolongados, costosos y controversiales en la historia legal chilena. Fuente: Publimetro
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones. Nuevos antecedentes del caso ProCultura volvieron a situar en el centro de la polémica al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un reportaje de T13 revelara conversaciones privadas en las que el psiquiatra Alberto Larraín hablaba de un millonario convenio con el GORE antes de que el proyecto fuera presentado y aprobado. Todo ocurre mientras Larraín se mantiene imputado por fraude al fisco y con la cautelar de arraigo nacional decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía. La investigación del Ministerio Público apunta a la adjudicación del programa “Quédate”, una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000, mediante un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, dirigida por Larraín. Según la Fiscalía, el convenio habría sido asignado sin licitación y no se ejecutó de manera íntegra, manteniéndose cerca de mil millones de pesos sin una rendición adecuada. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Antofagasta, a solo 20 días de que Orrego asumiera como gobernador regional, en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp entre Larraín, la directora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme, y la entonces jefa de Desarrollo Social del GORE, Evelyn Magdaleno. En esos intercambios se discutían minutas, reuniones y eventuales proyectos. En uno de los mensajes, Larraín señaló: “ Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero ”. En otro de los chats revelados, el psiquiatra afirma que “ Orrego me quiere pasar como dos mil millones ”, en referencia a recursos para salud mental. Según el reportaje, esos mensajes se enviaron tres semanas antes de que el proyecto “Quédate” fuera presentado al Consejo Regional. Luego de que estallara el Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo en la gobernación. Ese mismo día, según el reportaje, Claudio Orrego le envió un mensaje por Telegram a las 11:36 horas: “ Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo ”. La investigación busca determinar si existieron conversaciones que pudieran comprometer a la autoridad regional y si eventualmente se eliminaron mensajes. T13 indicó que se contactó a Claudio Orrego y a su equipo, pero señalaron que no realizarán comentarios respecto del reportaje. En paralelo, el Ministerio Público mantiene diligencias y espera que se revise el eventual desafuero del gobernador para que pueda enfrentar al Juzgado de Garantía y entregar su versión sobre los chats y el tenor de sus gestiones con Larraín. Fuente: CNN Chile País
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con funcionarios de Gendarmería, llevaron a cabo un extenso operativo en 8 cárceles distribuidas en 7 regiones de Chile, de forma simultánea. La operación, conocida como “ Operación Apocalipsis ”, resultó en la desarticulación de una red de corrupción que operaba dentro de las prisiones, especialmente en el centro penitenciario Santiago 1. Este operativo se llevó a cabo durante la madrugada del martes, y ha culminado con múltiples arrestos. Según informes del Ministerio Público, se emitieron un total de 77 órdenes de detención, de las cuales 42 están dirigidas a miembros de Gendarmería. Hasta el momento, 36 funcionarios de Gendarmería han sido detenidos. Se espera que en breve, las autoridades proporcionen más detalles sobre este masivo operativo policial realizado en diversas cárceles a lo largo del país. Esta noticia está en desarrollo y será actualizada conforme se obtengan más detalles. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras más de una década de investigación judicial y casi tres años de juicio oral, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió el veredicto del caso Soquimich (SQM), absolviendo a todos los acusados, incluyendo al ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su ex asesor Cristián Warner y el ex ministro Pablo Longueira. El fallo marca el cierre de una causa que se remonta a 2014, cuando salieron a la luz presuntos aportes irregulares de la minera no metálica a campañas políticas, revelando una compleja red de financiamiento que involucró a empresarios, dirigentes y figuras públicas. Durante la audiencia, el tribunal criticó el actuar poco prolijo del Ministerio Público y la extensa duración del proceso judicial, señalando que las penas estarían cumplidas, lo que vulnera más la extensión temporal del procedimiento. En la lectura del veredicto, los magistrados detallaron que se absuelve a los acusados Patricio Contesse González, Carmen Luz Valdivieso, Marisol Cavieres Romero, Marcelo Rozas López, Roberto León Araya, Marco Enríquez-Ominami y Cristián Warner Villagrán por los hechos imputados en su contra que el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos estimaron constitutivos de delitos tributarios, según informó T13. El juicio oral se extendió por 981 días y 558 audiencias, convirtiéndose en uno de los procesos más largos y complejos en la historia judicial chilena. Se presentaron cerca de mil testigos y un centenar de peritos, junto con más de 16 mil documentos y dos mil medios de prueba. Durante la audiencia final, ninguno de los imputados tomó la palabra, cerrando así un proceso marcado por la reserva y el silencio de las defensas. El caso SQM surgió como una arista del caso Penta, revelando en 2014 indicios sobre boletas y facturas falsas para justificar aportes políticos. Según la investigación del Ministerio Público, entre 2008 y 2014 la empresa habría desembolsado más de 14.7 millones de dólares mediante más de 1.200 documentos tributarios falsos para financiar campañas electorales y gastos personales. La Fiscalía de Valparaíso acusaba a Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, por autorizar directamente estas operaciones ilegales. Durante el proceso, más de 50 imputados fueron sobreseídos o accedieron a salidas alternativas. La compañía llegó a acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos y autoridades estadounidenses, pagando más de 30 millones de dólares en sanciones ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Con esta resolución judicial, el caso SQM concluye oficialmente, poniendo fin a uno de los capítulos más prolongados, costosos y controversiales en la historia legal chilena. Fuente: Publimetro
