El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
La Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Concepción tras enterarse de una presunta relación sentimental entre una funcionaria y un adolescente bajo su cuidado. Los hechos habrían tenido lugar en la residencia Chacabuco, en Concepción, donde el joven estaba protegido por el Estado. La Dirección Regional del servicio entregó los antecedentes al Ministerio Público, que inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar posibles delitos o vulneraciones de derechos. Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo diligencias y citando a declarar a los funcionarios que trabajaban en la residencia como parte de la investigación. Según declaraciones a Radio Bío Bío, la denuncia se presentó en cuanto se tomó conocimiento de la situación, aunque no se proporcionaron más detalles debido a la naturaleza en curso de la investigación. El Servicio de Protección tampoco confirmó públicamente la naturaleza exacta de la relación denunciada, indicando que se relaciona con posibles vulneraciones de derechos de menores. Se ha informado que la funcionaria involucrada ya no trabaja en ninguna residencia dependiente del Servicio de Protección. A pesar de los antecedentes entregados a la Fiscalía, el organismo ha decidido no iniciar un sumario administrativo por estos hechos. Fuente: BioBioChile
El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta con el borrador final del proyecto de ley que establece las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el cual está a punto de convertirse en ley. Esta normativa busca establecer un marco legal para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como para las Fuerzas Armadas. Según explicó el ministro de Seguridad, Martin Arrau, Se excluyó a Gendarmería de Chile porque en su ley orgánica se va a incluir cómo se aplica la fuerza. Entonces quedó para Carabineros y Policía de Investigaciones en servicio y para las Fuerzas Armadas en un título aparte, en el caso de que ellos deban hacer uso de ciertas hipótesis, como estados de excepción, y si se llegara a aplicar la infraestructura crítica que todavía está en punto muerto en la Comisión de Defensa del Senado. De acuerdo con el texto, el uso de la fuerza se entiende como una facultad o potestad del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior. Este uso puede ejercerse mediante distintos medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros, con el potencial de provocar lesiones e incluso la muerte. Todo esto se rige bajo cuatro principios: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Según el secretario de Estado, esta norma busca considerar situaciones en las que carabineros deben enfrentar escenarios de alto riesgo y tomar decisiones rápidas. Y es ahí donde se plantean estas hipótesis, se va escalando el uso de la fuerza y cuándo se puede usar uno u otro tipo de fuerza, desde la disuasión verbal, disuasivos químicos, hasta llegar al uso de fuerza potencialmente letal, con ciertos criterios de legalidad, explicó. Arrau también aclaró que esta ley no cambia el tipo de armamento que las policías utilizan. Ellos van a salir con los mismos tipos de elementos, desde la disuasión verbal hasta armas de fuego. Son los mismos, pero las hipótesis de empleo hoy día están por rango legal. De hecho, lo que hace esta ley es recoger muchos de los elementos que están en una dispersión de normas y los concentra en la ley. Consultado sobre si esta ley generará un trato distinto por parte de Carabineros hacia manifestantes, Arrau afirmó que las técnicas son exactamente las mismas, pero ahora habrá más certeza sobre qué tipo de respuesta está permitida en cada escenario. Reglas del Uso de la Fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública En cuanto a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública —carabineros y PDI— se establece una matriz con cinco grados de resistencia o agresión que corresponden con los grados de uso de la fuerza: 1. Cooperación: colaboración y acatamiento. 2. Resistencia pasiva: negativa sin violencia. 3. Resistencia activa: resistencia física o evasión. 4. Agresión activa: afectaciones sin letalidad. 5. Agresión activa potencialmente letal: afectaciones graves o muerte. También se establecen cinco grados para el uso efectivo por parte del personal policial: 1. Presencia: vigilancia pasiva. 2. Actuación mediante técnicas comunicativas: persuasión verbal. 3. Reducción física: control físico del transgresor. 4. Utilización menos letal: fuerza física o armamento menos letal. 5. Utilización potencialmente letal: medida extrema justificada en casos específicos. Sobre la responsabilidad legal del personal policial frente a estas reglas, Arrau mencionó: Se debe demostrar que incumplieron estas reglas o actuaron con dolo o actuaron inadecuadamente para que puedan ser imputables. Además añadió: Pero también se les da ciertas garantías a los funcionarios mientras son cuestionados o procesados en esta materia. Entonces es una ley que protege bastante a los funcionarios pero también da claridad a la población sobre cuál es el marco. Sobre la publicación oficial de esta ley, Arrau señaló que se debe revisar si se activaron reservas constitucionales lo cual podría extender los plazos previstos inicialmente. Igual son plazos acotados; nosotros esperamos idealmente dentro de este mes que esté publicado, pero hay un proceso intermedio que no depende del gobierno, concluyó. Fuente: BioBioChile
La Dirección Regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia presentó una denuncia ante la Fiscalía de Concepción tras enterarse de una presunta relación sentimental entre una funcionaria y un adolescente bajo su cuidado. Los hechos habrían tenido lugar en la residencia Chacabuco, en Concepción, donde el joven estaba protegido por el Estado. La Dirección Regional del servicio entregó los antecedentes al Ministerio Público, que inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar posibles delitos o vulneraciones de derechos. Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo diligencias y citando a declarar a los funcionarios que trabajaban en la residencia como parte de la investigación. Según declaraciones a Radio Bío Bío, la denuncia se presentó en cuanto se tomó conocimiento de la situación, aunque no se proporcionaron más detalles debido a la naturaleza en curso de la investigación. El Servicio de Protección tampoco confirmó públicamente la naturaleza exacta de la relación denunciada, indicando que se relaciona con posibles vulneraciones de derechos de menores. Se ha informado que la funcionaria involucrada ya no trabaja en ninguna residencia dependiente del Servicio de Protección. A pesar de los antecedentes entregados a la Fiscalía, el organismo ha decidido no iniciar un sumario administrativo por estos hechos. Fuente: BioBioChile
