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Debido a que las irregularidades constatadas "podrían revestir el carácter de delito", la Contraloría entregó un informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que se tomen las acciones correspondientes.
La Contraloría General de la República detectó que el Registro Civil e Identificación pagó más de $7 mil millones en proyectos de software que finalmente no utilizó.
La situación fue descubierta luego de una fiscalización realizada por la Contraloría, que dio cuenta que entre 2020 y 2023, el organismo pagó $7.597.887.848 para la “mantención y soporte evolutivo de software para la implementación” de proyectos como la ley de matrimonio igualitario, la solicitud de copia de partidas de nacimiento por Internet, entre otros.
En el caso de la implementación de la ley de matrimonio igualitario, cuyo objetivo era reemplazar el sistema vigente de registro de matrimonios y acuerdos de unión civil, se constató que el director nacional "no adoptó las medidas para la corrección" de la iniciativa antes autorizar los pagos asociados. Esto llevó a que el nuevo sistema registrara fallas y se volviera a utilizar el antiguo, indicó el ente contralor en un comunicado.
Otro sistema no utilizado se relaciona con la solicitud online copias partidas nacimiento desde Chile o extranjero. Sin embargo, este sistema desarrollado desde 2021 fue dado baja por no ajustarse requerimientos operativos del Registro Civil afectando tiempos trámite quienes vivían fuera Chile.
Asimismo, hubo "complicaciones técnicas" en nuevo motor agendamiento línea trámites renovación documentos identidad matrimoniales acuerdos unión civil resultando en disminución cupos disponibles oficinas Registro Civil aumento plazos agendar horas atención.
También se menciona falta diseño "Core Registral"-registro información personal ciudadanos- interoperabilidad reemplazo registros existentes proyecto tampoco implementado continuándose uso componentes antiguos.
A raíz estas irregularidades potencialmente delictivas, Contraloría entregó informe detallado Ministerio Público Consejo Defensa Estado tomar acciones correspondientes.
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