Desarticulan red dedicada al robo y venta de salmones en Aysén

El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén decretó prisión preventiva para siete personas investigadas por su presunta participación en una organización criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de salmones en la Región de Aysén.

Los imputados, cinco hombres y dos mujeres, fueron formalizados por su eventual participación en una red que habría operado desde comienzos de 2026, sustrayendo productos desde instalaciones acuícolas para posteriormente distribuirlos entre compradores de distintas localidades de la región.

La investigación también contempla a un octavo involucrado, quien mantiene una orden de detención vigente.

Según el Ministerio Público, el grupo contaba con una estructura organizada en la que sus integrantes desempeñaban distintas funciones, incluyendo financiamiento, coordinación de operaciones, extracción, transporte, almacenamiento y comercialización de los peces.

Investigan robo de seis toneladas de salmones desde centro de cultivo

De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía, los robos se habrían producido en el centro de cultivo Nihualac 2, perteneciente a Salmones Blumar S.A. y ubicado en isla Melchor, en la Región de Aysén.

Las diligencias permitieron establecer la presunta participación de un trabajador del recinto, quien habría facilitado el ingreso de embarcaciones utilizadas para sustraer los productos.

Los hechos investigados corresponden a dos operaciones ocurridas entre fines de octubre y comienzos de noviembre, en las que se habrían extraído aproximadamente tres toneladas de salmón del Atlántico en cada oportunidad.

Para concretar las sustracciones, los involucrados habrían dañado las mallas de las jaulas de cultivo y trasladado los peces hacia embarcaciones.

La Fiscalía estimó que solo la segunda carga sustraída alcanzaría un valor aproximado de 30 mil dólares, evidenciando la magnitud económica de las operaciones investigadas.

Salmones robados habrían sido comercializados por Facebook

Tras la extracción desde el centro acuícola, los productos habrían sido trasladados por vía marítima hasta puntos de desembarque y posteriormente distribuidos en un camión.

Según la investigación, parte de los salmones se ofrecía mediante publicaciones en Facebook y ventas directas a consumidores de Puerto Aysén y Coyhaique.

Las autoridades buscan establecer la participación de cada uno de los imputados en las distintas etapas de la presunta cadena de comercialización.

Para reconstruir las operaciones, los investigadores realizaron interceptaciones telefónicas, seguimientos mediante dispositivos GPS y vigilancia con drones y cámaras térmicas.

Asimismo, se analizaron conversaciones de WhatsApp que, según la Fiscalía, evidenciarían coordinaciones relacionadas con horarios de mareas, combustible, pagos y precios de venta.

Entre los antecedentes también figura la presunta manipulación de cámaras de seguridad del centro de cultivo, con el objetivo de generar un punto ciego que facilitara el ingreso a una de las jaulas.

Incautan más de 2.600 kilos de salmones no aptos para consumo

Uno de los resultados más relevantes de los procedimientos policiales fue la incautación de 2.603 kilos de salmones, cuya condición sanitaria fue evaluada por organismos especializados.

De acuerdo con los informes de Sernapesca y la Seremi de Salud, los productos habían perdido la cadena de frío necesaria para garantizar su conservación.

Por esta razón, los salmones fueron considerados no aptos para el consumo humano, situación que incorporó un componente de riesgo sanitario a la investigación.

El tribunal tomó en consideración estos antecedentes al evaluar las medidas cautelares, debido al peligro que podría representar para la población la comercialización de alimentos sin las condiciones de conservación exigidas.

Tribunal ordena prisión preventiva y fija 90 días de investigación

Durante la audiencia de formalización, las defensas cuestionaron la existencia de una asociación criminal y solicitaron medidas cautelares menos gravosas para sus representados.

Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén estimó que la libertad de los imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y para el desarrollo de la investigación.

En consecuencia, decretó la prisión preventiva de los siete involucrados.

Los cinco hombres deberán cumplir la medida en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Aysén, mientras que las dos mujeres fueron destinadas al recinto penitenciario de Coyhaique.

Además, uno de los imputados fue formalizado por la presunta tenencia ilegal de una escopeta calibre 12 y siete cartuchos.

El tribunal estableció un plazo de 90 días para continuar las diligencias, período durante el cual el Ministerio Público deberá profundizar la investigación y determinar las responsabilidades individuales.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las gestiones para ubicar al octavo involucrado, sobre quien pesa una orden de detención.

La causa continúa en desarrollo y las responsabilidades penales de los imputados deberán ser determinadas por la justicia, conforme a los antecedentes que se presenten durante el proceso.

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