La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó por 6 votos a favor y 1 abstención el proyecto de ley que sanciona las carreras de perros. La iniciativa establece que quienes organicen y participen de carreras de perros serán sancionados con penas de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 a 40 UTM. Para discutir la propuesta, la instancia recibió previamente al representante de la Fundación Galgos Chile, Luis Martínez, quien expuso sobre la situación actual de Chile en comparación a otros países que ya abandonaron esta práctica. Posteriormente, los parlamentarios votaron la iniciativa, que en su idea matriz “prohíbe y sanciona las carreras de perros”. Lo anterior, en atención a que estas suponen una forma de explotación de animales de compañía. En ese marco, estas contravienen el espíritu de la ley sobre tenencia responsable. También se aprobó incluir una indicación de la diputada Yovana Ahumana, relativa a la “responsabilidad pecuniaria del dueño o tenedor del perro rescatado. La idea es que este se haga cargo de los gastos en que se incurra en la atención del animal y su rehabilitación”. De ese modo, el proyecto establece que se prohíbe toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio chileno. Quienes organicen y participen de ellas “serán sancionados con las penas de presidio menor en su grado medio (541 a 3 años y 1 día)”. Además de una “una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. A ello se suma el pago de los gastos en que incurra la institución asignada para el cuidado, atención y saneamiento del animal”. Quienes promuevan, faciliten o difundan las carreras se les aplicará una multa de 5 a 20 UTM. Las personas condenadas en virtud de lo anterior, no podrán solicitar la aplicación de la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena. Fuente: CNN Chile País
La Sala del Senado respaldó una iniciativa que busca otorgar una vigencia especial a las cédulas de identidad de adultos mayores. El proyecto tiene como objetivo permitir que las personas de la cuarta edad y mayores de 60 años en situación de dependencia severa puedan acceder a un carnet con una duración de 20 años. El senador David Sandoval explicó las modificaciones realizadas al proyecto durante su análisis en la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. En concreto, se pretende que las cédulas de adultos mayores que se encuentren en la cuarta edad y aquellas personas mayores de 60 años en situación de dependencia severa certificada por un centro de salud puedan ser emitidas con una validez de dos décadas. Tras ser aprobado por la Sala del Senado, el proyecto pasará al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Según el texto, estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio chileno. Además, se establece que si las personas beneficiadas por la ley desean utilizar su cédula como documento válido para un viaje internacional, deberán renovarla si han transcurrido más de 10 años desde su emisión en el Registro Civil. Fuente: CNN Chile País
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó por 6 votos a favor y 1 abstención el proyecto de ley que sanciona las carreras de perros. La iniciativa establece que quienes organicen y participen de carreras de perros serán sancionados con penas de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 a 40 UTM. Para discutir la propuesta, la instancia recibió previamente al representante de la Fundación Galgos Chile, Luis Martínez, quien expuso sobre la situación actual de Chile en comparación a otros países que ya abandonaron esta práctica. Posteriormente, los parlamentarios votaron la iniciativa, que en su idea matriz “prohíbe y sanciona las carreras de perros”. Lo anterior, en atención a que estas suponen una forma de explotación de animales de compañía. En ese marco, estas contravienen el espíritu de la ley sobre tenencia responsable. También se aprobó incluir una indicación de la diputada Yovana Ahumana, relativa a la “responsabilidad pecuniaria del dueño o tenedor del perro rescatado. La idea es que este se haga cargo de los gastos en que se incurra en la atención del animal y su rehabilitación”. De ese modo, el proyecto establece que se prohíbe toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio chileno. Quienes organicen y participen de ellas “serán sancionados con las penas de presidio menor en su grado medio (541 a 3 años y 1 día)”. Además de una “una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), además de la accesoria de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. A ello se suma el pago de los gastos en que incurra la institución asignada para el cuidado, atención y saneamiento del animal”. Quienes promuevan, faciliten o difundan las carreras se les aplicará una multa de 5 a 20 UTM. Las personas condenadas en virtud de lo anterior, no podrán solicitar la aplicación de la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena. Fuente: CNN Chile País
La Sala del Senado respaldó una iniciativa que busca otorgar una vigencia especial a las cédulas de identidad de adultos mayores. El proyecto tiene como objetivo permitir que las personas de la cuarta edad y mayores de 60 años en situación de dependencia severa puedan acceder a un carnet con una duración de 20 años. El senador David Sandoval explicó las modificaciones realizadas al proyecto durante su análisis en la Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad. En concreto, se pretende que las cédulas de adultos mayores que se encuentren en la cuarta edad y aquellas personas mayores de 60 años en situación de dependencia severa certificada por un centro de salud puedan ser emitidas con una validez de dos décadas. Tras ser aprobado por la Sala del Senado, el proyecto pasará al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Según el texto, estas cédulas de identidad tendrán como único propósito acreditar la identidad del titular dentro del territorio chileno. Además, se establece que si las personas beneficiadas por la ley desean utilizar su cédula como documento válido para un viaje internacional, deberán renovarla si han transcurrido más de 10 años desde su emisión en el Registro Civil. Fuente: CNN Chile País
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
