En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
El Gobierno anunció el ingreso de un proyecto de ley con el cual buscan estimular el mercado inmobiliario mediante un subsidio a la tasa de los créditos para la compra de viviendas y cobertura de las mismas. Con ello, se busca bajar el valor final que las familias pagan por concepto de dividendo, junto con bajar el stock de viviendas sin comercializar y que afectan al sector de la construcción. La iniciativa fue comunicada hoy por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra (s) de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta. Ambos contaban con la presencia del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena. Suben las tasas de los créditos hipotecarios y retoman niveles de noviembre 2024 Según información del Gobierno, el proyecto propone establecer un subsidio a la tasa interés créditos hipotecarios para nuevas viviendas hasta 4 mil UF (más $150 millones). Este sería hasta 60 puntos base (pb) en tasa. Fuente: BioBioChile
Acusando un creciente problema de los llamados spam que podrían derivar en estafas, el diputado Gonzalo Winter, junto a un grupo transversal de parlamentarios, presentó la denominada Ley +56. La iniciativa busca limitar el funcionamiento de call centers en el extranjero, fomentando que operen dentro del territorio nacional. “La masificación de esta industria ha traído consigo efectos indeseados que debemos enfrentar con urgencia. Este proyecto propone una regulación justa que proteja a los consumidores y, al mismo tiempo, fortalezca el empleo en Chile”, señaló al respecto Winter. El detalle de la Ley +56 En concreto, el proyecto establece que las empresas de call centers deberán operar dentro del país, prohibiendo subcontratar servicios que funcionen fuera del territorio chileno. Según se detalla, “queda prohibido subcontratar servicios que operen fuera del territorio de la República para contactar o ser contactados con terceros, ya sea por vía telefónica, medios telemáticos, tecnología digital u otros medios electrónicos, con fines de atención, información, soporte técnico, comercial o administrativo, venta o promoción de productos o servicios, o recepción de reclamos”. La moción ya cuenta con el respaldo de los diputados Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Carlos Bianchi (INDP), Andrés Giordano (FA), Daniel Manouchehri (PS), Carla Morales (RN), Javiera Morales (FA), Rubén Oyarzo (INDP) y Víctor Pino (Demócratas). Fuente: BioBioChile
En octubre del año pasado, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar las preexistencias en el sistema de isapres, cumpliendo así con uno de los compromisos asumidos durante la tramitación de la ley corta para avanzar en la reforma de salud. Sin embargo, el debate se entrampó rápidamente: las dos propuestas que apuntaban a compensar los riesgos entre aseguradoras —clave para viabilizar este cambio— fueron rechazadas en la Comisión de Salud. Con eso, el proyecto sigue avanzando, pero con un flanco abierto. En concreto, el proyecto establece que las aseguradoras deberán ofrecer un plan común de salud, sin diferencias de precio por edad, sexo o condiciones preexistentes. Estas últimas, definidas por las autoridades como cualquier enfermedad, patología o condición de salud conocida por el afiliado y diagnosticada médicamente antes de firmar el contrato, dejarían de ser motivo para negar cobertura o restringir el acceso. Pero la eliminación de este tipo de barreras requiere necesariamente un mecanismo que permita equilibrar el riesgo entre aseguradoras. Por eso, tanto el Gobierno como los mismos parlamentarios presentaron propuestas en esa línea. En el caso del Ejecutivo, la propuesta contemplaba que cada isapre estuviera obligada a contratar un reaseguro. ¿Qué significa esto? Que, para evitar la selección de afiliados según su nivel de riesgo, el proyecto establecía que las aseguradoras debían contar con una póliza que las protegiera ante un mayor gasto en prestaciones, producto de recibir personas con enfermedades o condiciones más complejas. Este reaseguro sería definido por la Superintendencia de Salud cada cinco años. Fuente: La Tercera Nacional
El Gobierno anunció el ingreso de un proyecto de ley con el cual buscan estimular el mercado inmobiliario mediante un subsidio a la tasa de los créditos para la compra de viviendas y cobertura de las mismas. Con ello, se busca bajar el valor final que las familias pagan por concepto de dividendo, junto con bajar el stock de viviendas sin comercializar y que afectan al sector de la construcción. La iniciativa fue comunicada hoy por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra (s) de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta. Ambos contaban con la presencia del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena. Suben las tasas de los créditos hipotecarios y retoman niveles de noviembre 2024 Según información del Gobierno, el proyecto propone establecer un subsidio a la tasa interés créditos hipotecarios para nuevas viviendas hasta 4 mil UF (más $150 millones). Este sería hasta 60 puntos base (pb) en tasa. Fuente: BioBioChile
Acusando un creciente problema de los llamados spam que podrían derivar en estafas, el diputado Gonzalo Winter, junto a un grupo transversal de parlamentarios, presentó la denominada Ley +56. La iniciativa busca limitar el funcionamiento de call centers en el extranjero, fomentando que operen dentro del territorio nacional. “La masificación de esta industria ha traído consigo efectos indeseados que debemos enfrentar con urgencia. Este proyecto propone una regulación justa que proteja a los consumidores y, al mismo tiempo, fortalezca el empleo en Chile”, señaló al respecto Winter. El detalle de la Ley +56 En concreto, el proyecto establece que las empresas de call centers deberán operar dentro del país, prohibiendo subcontratar servicios que funcionen fuera del territorio chileno. Según se detalla, “queda prohibido subcontratar servicios que operen fuera del territorio de la República para contactar o ser contactados con terceros, ya sea por vía telefónica, medios telemáticos, tecnología digital u otros medios electrónicos, con fines de atención, información, soporte técnico, comercial o administrativo, venta o promoción de productos o servicios, o recepción de reclamos”. La moción ya cuenta con el respaldo de los diputados Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Carlos Bianchi (INDP), Andrés Giordano (FA), Daniel Manouchehri (PS), Carla Morales (RN), Javiera Morales (FA), Rubén Oyarzo (INDP) y Víctor Pino (Demócratas). Fuente: BioBioChile
