Una investigación que se extendió por más de tres años a raíz de una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones, alertando sobre una posible red de tráfico ilícito de migrantes, ha llegado a una conclusión inesperada. Mega Investiga ha tenido acceso a un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, fechado el 17 de abril de 2026 y remitido al fiscal Marcelo Carrasco, en el que se determina que no hay pruebas suficientes para sustentar la acusación inicial. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones en marzo de 2023, donde se advertía sobre posibles ingresos irregulares de migrantes haitianos a Chile a través de vuelos operados por aerolíneas como Star Perú, Aeroregional y Sky Airlines. Sin embargo, tras una exhaustiva revisión de antecedentes ordenada por el Ministerio Público, la conclusión es otra. En la denuncia original, Migraciones señalaba la coordinación entre agencias de viaje y la presentación masiva de recursos legales para facilitar ingresos irregulares al país. Se hablaba incluso de un posible delito contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal, conocido como tráfico ilícito de migrantes. La nueva revisión policial ordenada por el fiscal Carrasco analizó detalladamente la situación de 152 ciudadanos haitianos vinculados a los vuelos denunciados. Se estableció que algunos pasajeros fueron embarcados sin cumplir los requisitos migratorios exigidos para ingresar a Chile. Sin embargo, se encontró que 25 personas lograron ingresar al país mediante un ingreso condicionado autorizado por las autoridades migratorias, mientras que 127 fueron impedidas de hacerlo. Tras analizar todos los antecedentes recopilados durante la investigación, la Brigada Investigadora de Trata de Personas concluyó que no se ha podido determinar ningún delito de tráfico ilícito de migrantes. En cambio, se observaron múltiples infracciones cometidas por las aerolíneas investigadas al trasladar pasajeros sin cumplir con los requisitos legales para ingresar al territorio nacional. A pesar de esta conclusión, la causa sigue vigente en la Fiscalía Centro Norte, donde se han recopilado declaraciones y antecedentes relevantes para esclarecer los hechos denunciados por Migraciones. El informe policial emitido en abril constituye hasta ahora la evaluación más reciente sobre este caso que podría tener implicaciones en la actual crisis desatada por el preinforme de Contraloría relacionado con vuelos del año 2025 y el ingreso irregular de niños y adolescentes. Fuente: Meganoticias
El Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal fue tomada luego de descubrirse la actividad ilícita de una red de falsos funcionarios que estafaban a ciudadanos extranjeros, solicitando pagos ilegales bajo la falsa promesa de regularizar su situación migratoria en Chile. Las investigaciones iniciales revelaron que los estafadores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que eran parte del personal de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago. Para supuestamente facilitar trámites migratorios, exigían a los afectados un pago en efectivo de $350 mil por persona. Ante la gravedad de los hechos, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la presentación de la querella contra los responsables de esta actividad fraudulenta. En el texto, se enfatizó que no existen funcionarios del Registro Civil implicados en estas acciones ilegales, siendo personas externas las responsables. Asimismo, se condenó enérgicamente la manipulación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la población migrante en Chile. El Servicio expresó su rechazo hacia aquellos que se hacen pasar por funcionarios públicos para cometer delitos, asegurando que no permitirán el uso indebido del nombre de la institución. Finalmente, se hizo un llamado preventivo a la comunidad nacional y extranjera para evitar nuevos fraudes relacionados con los servicios de identificación. Se recordó que los funcionarios solo atienden en oficinas físicas autorizadas y no realizan cobros informales fuera de las plataformas establecidas. Los precios y valores de los trámites están claramente definidos y publicados tanto en las oficinas como en el sitio web oficial del Registro Civil e Identificación. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
Una investigación que se extendió por más de tres años a raíz de una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones, alertando sobre una posible red de tráfico ilícito de migrantes, ha llegado a una conclusión inesperada. Mega Investiga ha tenido acceso a un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, fechado el 17 de abril de 2026 y remitido al fiscal Marcelo Carrasco, en el que se determina que no hay pruebas suficientes para sustentar la acusación inicial. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones en marzo de 2023, donde se advertía sobre posibles ingresos irregulares de migrantes haitianos a Chile a través de vuelos operados por aerolíneas como Star Perú, Aeroregional y Sky Airlines. Sin embargo, tras una exhaustiva revisión de antecedentes ordenada por el Ministerio Público, la conclusión es otra. En la denuncia original, Migraciones señalaba la coordinación entre agencias de viaje y la presentación masiva de recursos legales para facilitar ingresos irregulares al país. Se hablaba incluso de un posible delito contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal, conocido como tráfico ilícito de migrantes. La nueva revisión policial ordenada por el fiscal Carrasco analizó detalladamente la situación de 152 ciudadanos haitianos vinculados a los vuelos denunciados. Se estableció que algunos pasajeros fueron embarcados sin cumplir los requisitos migratorios exigidos para ingresar a Chile. Sin embargo, se encontró que 25 personas lograron ingresar al país mediante un ingreso condicionado autorizado por las autoridades migratorias, mientras que 127 fueron impedidas de hacerlo. Tras analizar todos los antecedentes recopilados durante la investigación, la Brigada Investigadora de Trata de Personas concluyó que no se ha podido determinar ningún delito de tráfico ilícito de migrantes. En cambio, se observaron múltiples infracciones cometidas por las aerolíneas investigadas al trasladar pasajeros sin cumplir con los requisitos legales para ingresar al territorio nacional. A pesar de esta conclusión, la causa sigue vigente en la Fiscalía Centro Norte, donde se han recopilado declaraciones y antecedentes relevantes para esclarecer los hechos denunciados por Migraciones. El informe policial emitido en abril constituye hasta ahora la evaluación más reciente sobre este caso que podría tener implicaciones en la actual crisis desatada por el preinforme de Contraloría relacionado con vuelos del año 2025 y el ingreso irregular de niños y adolescentes. Fuente: Meganoticias
El Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal fue tomada luego de descubrirse la actividad ilícita de una red de falsos funcionarios que estafaban a ciudadanos extranjeros, solicitando pagos ilegales bajo la falsa promesa de regularizar su situación migratoria en Chile. Las investigaciones iniciales revelaron que los estafadores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que eran parte del personal de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago. Para supuestamente facilitar trámites migratorios, exigían a los afectados un pago en efectivo de $350 mil por persona. Ante la gravedad de los hechos, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la presentación de la querella contra los responsables de esta actividad fraudulenta. En el texto, se enfatizó que no existen funcionarios del Registro Civil implicados en estas acciones ilegales, siendo personas externas las responsables. Asimismo, se condenó enérgicamente la manipulación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la población migrante en Chile. El Servicio expresó su rechazo hacia aquellos que se hacen pasar por funcionarios públicos para cometer delitos, asegurando que no permitirán el uso indebido del nombre de la institución. Finalmente, se hizo un llamado preventivo a la comunidad nacional y extranjera para evitar nuevos fraudes relacionados con los servicios de identificación. Se recordó que los funcionarios solo atienden en oficinas físicas autorizadas y no realizan cobros informales fuera de las plataformas establecidas. Los precios y valores de los trámites están claramente definidos y publicados tanto en las oficinas como en el sitio web oficial del Registro Civil e Identificación. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
