En un nuevo hito operativo, las autoridades del Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI) se reunieron en la losa aeroportuaria para coordinar el despegue de una nueva aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia. En este vuelo fueron transportados 40 ciudadanos extranjeros expulsados del territorio nacional. Este séptimo vuelo bajo la administración del Presidente José Antonio Kast eleva a 1.174 expulsados en lo que va corrido de 2026. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el Director Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum; y el prefecto Rodolfo Millán, jefe nacional (s) de la Jefatura Nacional de Migraciones de la policía civil, entregaron un reporte detallado en dependencias gubernamentales. En este vuelo se destacó la captura y reconducción de Daren Caicedo Ramírez, de 23 años, quien tenía una orden de captura internacional por deserción. De los pasajeros, 15 ingresaron al país por pasos no habilitados, mientras que los otros 25 tenían condenas vigentes o imputaciones severas. El subsecretario Pavez resaltó que hasta el 12 de julio han salido del país 7.558 personas, entre expulsiones forzosas y salidas voluntarias. En estas últimas, ciudadanos venezolanos representan el 76,7%, seguidos por colombianos con un 10,1%. Sauerbaum mencionó la necesidad de recursos suficientes para aumentar las expulsiones en el próximo año. Destacó que en 2025 se expulsaron 1.250 personas y en 2026 ya van 1.174. Además, señaló que los recursos actuales son insuficientes. Los balances semestrales del Servicio de Migraciones muestran un aumento del 34,53% en autorizaciones de salida durante los primeros seis meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Hasta la fecha, se han detectado 10.038 ingresos por pasos no habilitados. Millán informó que 1.009 expulsiones fueron administrativas, mientras que 125 fueron por dictámenes judiciales. Además, hubo una disminución del 60,92% en reconducciones automáticas en frontera durante el primer semestre. Fuente: Publimetro
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, salió en defensa de la gestión del Gobierno ante la controversia surgida por el caso de los 64 niños haitianos que figuraban como “no ubicados” en un informe preliminar de la Contraloría General de la República, y que finalmente fueron localizados en su totalidad por las autoridades. “ Yo me quedo tranquila con que los niños y adolescentes se encuentren bien. Ese es el enfoque de nuestro gobierno”, afirmó la ministra tras el cierre del caso junto a la PDI. La ministra destacó el trabajo conjunto realizado entre diversas instituciones en las últimas semanas y resaltó la coordinación entre entidades públicas y fuerzas policiales para esclarecer la situación. “Agradezco a todas las instituciones que han dedicado su energía y equipos para aclarar esta situación, que ha revelado deficiencias”, expresó Wulf, haciendo hincapié en que este incidente ha permitido identificar fallos en los sistemas de registro y coordinación del Estado. En esta misma línea, señaló que se inicia una nueva fase orientada a reforzar la trazabilidad de los procesos de reunificación familiar y garantizar condiciones como educación y bienestar para los menores. Cuando se le preguntó si la alerta inicial pudo haber resultado en una denuncia errónea sobre posibles delitos de trata o tráfico de personas, la ministra comentó que en situaciones donde intervienen múltiples actores “pueden existir algunas interpretaciones que, en ciertos casos, fueron incorrectas ”, pero subrayó que la prioridad fue actuar con prontitud ante una alerta institucional. Wulf también enfatizó que no se debe minimizar el caso desde una perspectiva estructural. “ Esto ha evidenciado deficiencias en el Estado de Chile, donde muchas instituciones no están en comunicación entre sí ”, afirmó, destacando la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional. En este sentido, advirtió sobre cómo la falta de información puede desembocar en situaciones de riesgo, por lo que el Gobierno promoverá el fortalecimiento de protocolos relacionados con la protección infantil y el control migratorio. Fuente: ADN Radio Nacional
Una investigación que se extendió por más de tres años a raíz de una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones, alertando sobre una posible red de tráfico ilícito de migrantes, ha llegado a una conclusión inesperada. Mega Investiga ha tenido acceso a un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, fechado el 17 de abril de 2026 y remitido al fiscal Marcelo Carrasco, en el que se determina que no hay pruebas suficientes para sustentar la acusación inicial. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones en marzo de 2023, donde se advertía sobre posibles ingresos irregulares de migrantes haitianos a Chile a través de vuelos operados por aerolíneas como Star Perú, Aeroregional y Sky Airlines. Sin embargo, tras una exhaustiva revisión de antecedentes ordenada por el Ministerio Público, la conclusión es otra. En la denuncia original, Migraciones señalaba la coordinación entre agencias de viaje y la presentación masiva de recursos legales para facilitar ingresos irregulares al país. Se hablaba incluso de un posible delito contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal, conocido como tráfico ilícito de migrantes. La nueva revisión policial ordenada por el fiscal Carrasco analizó detalladamente la situación de 152 ciudadanos haitianos vinculados a los vuelos denunciados. Se estableció que algunos pasajeros fueron embarcados sin cumplir los requisitos migratorios exigidos para ingresar a Chile. Sin embargo, se encontró que 25 personas lograron ingresar al país mediante un ingreso condicionado autorizado por las autoridades migratorias, mientras que 127 fueron impedidas de hacerlo. Tras analizar todos los antecedentes recopilados durante la investigación, la Brigada Investigadora de Trata de Personas concluyó que no se ha podido determinar ningún delito de tráfico ilícito de migrantes. En cambio, se observaron múltiples infracciones cometidas por las aerolíneas investigadas al trasladar pasajeros sin cumplir con los requisitos legales para ingresar al territorio nacional. A pesar de esta conclusión, la causa sigue vigente en la Fiscalía Centro Norte, donde se han recopilado declaraciones y antecedentes relevantes para esclarecer los hechos denunciados por Migraciones. El informe policial emitido en abril constituye hasta ahora la evaluación más reciente sobre este caso que podría tener implicaciones en la actual crisis desatada por el preinforme de Contraloría relacionado con vuelos del año 2025 y el ingreso irregular de niños y adolescentes. Fuente: Meganoticias
El Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal fue tomada luego de descubrirse la actividad ilícita de una red de falsos funcionarios que estafaban a ciudadanos extranjeros, solicitando pagos ilegales bajo la falsa promesa de regularizar su situación migratoria en Chile. Las investigaciones iniciales revelaron que los estafadores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que eran parte del personal de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago. Para supuestamente facilitar trámites migratorios, exigían a los afectados un pago en efectivo de $350 mil por persona. Ante la gravedad de los hechos, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la presentación de la querella contra los responsables de esta actividad fraudulenta. En el texto, se enfatizó que no existen funcionarios del Registro Civil implicados en estas acciones ilegales, siendo personas externas las responsables. Asimismo, se condenó enérgicamente la manipulación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la población migrante en Chile. El Servicio expresó su rechazo hacia aquellos que se hacen pasar por funcionarios públicos para cometer delitos, asegurando que no permitirán el uso indebido del nombre de la institución. Finalmente, se hizo un llamado preventivo a la comunidad nacional y extranjera para evitar nuevos fraudes relacionados con los servicios de identificación. Se recordó que los funcionarios solo atienden en oficinas físicas autorizadas y no realizan cobros informales fuera de las plataformas establecidas. Los precios y valores de los trámites están claramente definidos y publicados tanto en las oficinas como en el sitio web oficial del Registro Civil e Identificación. Fuente: ADN Radio Nacional
En una operación sin precedentes, cerca de las 07:30 horas de este jueves despegó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La salida se llevó a cabo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago. El vuelo tenía como destino Bolivia, Ecuador y Colombia, con un total de 40 extranjeros a bordo. De estos, 12 se dirigían a Bolivia, 9 a Ecuador y 19 a Colombia. El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y cada migrante estuvo acompañado por un funcionario de la PDI. Se tiene previsto que la aeronave haga una escala en Iquique para sumar más personas que serán deportadas. Según informes oficiales, todos los expulsados han cometido diversos delitos en Chile, como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros. El plan del Ejecutivo es llevar a cabo tres vuelos mensuales para estas expulsiones. Además, se está evaluando la posibilidad de complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. Sin embargo, se ha mencionado que los vuelos chárter representan un mayor gasto. Para financiar estas medidas, el Gobierno utilizará los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre, estimados en cerca de $3 millones por procedimiento. Hasta el momento, no se han podido concretar expulsiones hacia Venezuela debido a la falta de relaciones diplomáticas que impiden coordinar estos procesos. Fuente: Meganoticias
En un nuevo hito operativo, las autoridades del Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI) se reunieron en la losa aeroportuaria para coordinar el despegue de una nueva aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia. En este vuelo fueron transportados 40 ciudadanos extranjeros expulsados del territorio nacional. Este séptimo vuelo bajo la administración del Presidente José Antonio Kast eleva a 1.174 expulsados en lo que va corrido de 2026. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el Director Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum; y el prefecto Rodolfo Millán, jefe nacional (s) de la Jefatura Nacional de Migraciones de la policía civil, entregaron un reporte detallado en dependencias gubernamentales. En este vuelo se destacó la captura y reconducción de Daren Caicedo Ramírez, de 23 años, quien tenía una orden de captura internacional por deserción. De los pasajeros, 15 ingresaron al país por pasos no habilitados, mientras que los otros 25 tenían condenas vigentes o imputaciones severas. El subsecretario Pavez resaltó que hasta el 12 de julio han salido del país 7.558 personas, entre expulsiones forzosas y salidas voluntarias. En estas últimas, ciudadanos venezolanos representan el 76,7%, seguidos por colombianos con un 10,1%. Sauerbaum mencionó la necesidad de recursos suficientes para aumentar las expulsiones en el próximo año. Destacó que en 2025 se expulsaron 1.250 personas y en 2026 ya van 1.174. Además, señaló que los recursos actuales son insuficientes. Los balances semestrales del Servicio de Migraciones muestran un aumento del 34,53% en autorizaciones de salida durante los primeros seis meses del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Hasta la fecha, se han detectado 10.038 ingresos por pasos no habilitados. Millán informó que 1.009 expulsiones fueron administrativas, mientras que 125 fueron por dictámenes judiciales. Además, hubo una disminución del 60,92% en reconducciones automáticas en frontera durante el primer semestre. Fuente: Publimetro
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, salió en defensa de la gestión del Gobierno ante la controversia surgida por el caso de los 64 niños haitianos que figuraban como “no ubicados” en un informe preliminar de la Contraloría General de la República, y que finalmente fueron localizados en su totalidad por las autoridades. “ Yo me quedo tranquila con que los niños y adolescentes se encuentren bien. Ese es el enfoque de nuestro gobierno”, afirmó la ministra tras el cierre del caso junto a la PDI. La ministra destacó el trabajo conjunto realizado entre diversas instituciones en las últimas semanas y resaltó la coordinación entre entidades públicas y fuerzas policiales para esclarecer la situación. “Agradezco a todas las instituciones que han dedicado su energía y equipos para aclarar esta situación, que ha revelado deficiencias”, expresó Wulf, haciendo hincapié en que este incidente ha permitido identificar fallos en los sistemas de registro y coordinación del Estado. En esta misma línea, señaló que se inicia una nueva fase orientada a reforzar la trazabilidad de los procesos de reunificación familiar y garantizar condiciones como educación y bienestar para los menores. Cuando se le preguntó si la alerta inicial pudo haber resultado en una denuncia errónea sobre posibles delitos de trata o tráfico de personas, la ministra comentó que en situaciones donde intervienen múltiples actores “pueden existir algunas interpretaciones que, en ciertos casos, fueron incorrectas ”, pero subrayó que la prioridad fue actuar con prontitud ante una alerta institucional. Wulf también enfatizó que no se debe minimizar el caso desde una perspectiva estructural. “ Esto ha evidenciado deficiencias en el Estado de Chile, donde muchas instituciones no están en comunicación entre sí ”, afirmó, destacando la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional. En este sentido, advirtió sobre cómo la falta de información puede desembocar en situaciones de riesgo, por lo que el Gobierno promoverá el fortalecimiento de protocolos relacionados con la protección infantil y el control migratorio. Fuente: ADN Radio Nacional
Una investigación que se extendió por más de tres años a raíz de una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones, alertando sobre una posible red de tráfico ilícito de migrantes, ha llegado a una conclusión inesperada. Mega Investiga ha tenido acceso a un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana de la PDI, fechado el 17 de abril de 2026 y remitido al fiscal Marcelo Carrasco, en el que se determina que no hay pruebas suficientes para sustentar la acusación inicial. La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones en marzo de 2023, donde se advertía sobre posibles ingresos irregulares de migrantes haitianos a Chile a través de vuelos operados por aerolíneas como Star Perú, Aeroregional y Sky Airlines. Sin embargo, tras una exhaustiva revisión de antecedentes ordenada por el Ministerio Público, la conclusión es otra. En la denuncia original, Migraciones señalaba la coordinación entre agencias de viaje y la presentación masiva de recursos legales para facilitar ingresos irregulares al país. Se hablaba incluso de un posible delito contemplado en el artículo 411 bis del Código Penal, conocido como tráfico ilícito de migrantes. La nueva revisión policial ordenada por el fiscal Carrasco analizó detalladamente la situación de 152 ciudadanos haitianos vinculados a los vuelos denunciados. Se estableció que algunos pasajeros fueron embarcados sin cumplir los requisitos migratorios exigidos para ingresar a Chile. Sin embargo, se encontró que 25 personas lograron ingresar al país mediante un ingreso condicionado autorizado por las autoridades migratorias, mientras que 127 fueron impedidas de hacerlo. Tras analizar todos los antecedentes recopilados durante la investigación, la Brigada Investigadora de Trata de Personas concluyó que no se ha podido determinar ningún delito de tráfico ilícito de migrantes. En cambio, se observaron múltiples infracciones cometidas por las aerolíneas investigadas al trasladar pasajeros sin cumplir con los requisitos legales para ingresar al territorio nacional. A pesar de esta conclusión, la causa sigue vigente en la Fiscalía Centro Norte, donde se han recopilado declaraciones y antecedentes relevantes para esclarecer los hechos denunciados por Migraciones. El informe policial emitido en abril constituye hasta ahora la evaluación más reciente sobre este caso que podría tener implicaciones en la actual crisis desatada por el preinforme de Contraloría relacionado con vuelos del año 2025 y el ingreso irregular de niños y adolescentes. Fuente: Meganoticias
El Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal fue tomada luego de descubrirse la actividad ilícita de una red de falsos funcionarios que estafaban a ciudadanos extranjeros, solicitando pagos ilegales bajo la falsa promesa de regularizar su situación migratoria en Chile. Las investigaciones iniciales revelaron que los estafadores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que eran parte del personal de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago. Para supuestamente facilitar trámites migratorios, exigían a los afectados un pago en efectivo de $350 mil por persona. Ante la gravedad de los hechos, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la presentación de la querella contra los responsables de esta actividad fraudulenta. En el texto, se enfatizó que no existen funcionarios del Registro Civil implicados en estas acciones ilegales, siendo personas externas las responsables. Asimismo, se condenó enérgicamente la manipulación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la población migrante en Chile. El Servicio expresó su rechazo hacia aquellos que se hacen pasar por funcionarios públicos para cometer delitos, asegurando que no permitirán el uso indebido del nombre de la institución. Finalmente, se hizo un llamado preventivo a la comunidad nacional y extranjera para evitar nuevos fraudes relacionados con los servicios de identificación. Se recordó que los funcionarios solo atienden en oficinas físicas autorizadas y no realizan cobros informales fuera de las plataformas establecidas. Los precios y valores de los trámites están claramente definidos y publicados tanto en las oficinas como en el sitio web oficial del Registro Civil e Identificación. Fuente: ADN Radio Nacional
En una operación sin precedentes, cerca de las 07:30 horas de este jueves despegó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La salida se llevó a cabo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago. El vuelo tenía como destino Bolivia, Ecuador y Colombia, con un total de 40 extranjeros a bordo. De estos, 12 se dirigían a Bolivia, 9 a Ecuador y 19 a Colombia. El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y cada migrante estuvo acompañado por un funcionario de la PDI. Se tiene previsto que la aeronave haga una escala en Iquique para sumar más personas que serán deportadas. Según informes oficiales, todos los expulsados han cometido diversos delitos en Chile, como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros. El plan del Ejecutivo es llevar a cabo tres vuelos mensuales para estas expulsiones. Además, se está evaluando la posibilidad de complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. Sin embargo, se ha mencionado que los vuelos chárter representan un mayor gasto. Para financiar estas medidas, el Gobierno utilizará los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre, estimados en cerca de $3 millones por procedimiento. Hasta el momento, no se han podido concretar expulsiones hacia Venezuela debido a la falta de relaciones diplomáticas que impiden coordinar estos procesos. Fuente: Meganoticias
