El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
En una audiencia llevada a cabo este martes, se formalizó la situación de los dos individuos detenidos por la agresión al diputado Javier Olivares, quienes enfrentan cargos por atentado contra la autoridad. En el transcurso de la audiencia, la parte acusadora solicitó prisión preventiva para ambos acusados. Sin embargo, el tribunal desestimó esta medida cautelar, así como la petición de firma semanal presentada por el Ministerio Público, argumentando falta de pruebas suficientes para respaldar las solicitudes planteadas en la audiencia. El abogado defensor de los hermanos Pinto Pinto, Felipe Alonso González Hernández, explicó que la decisión se basa en las deficiencias que, a su parecer, presenta el expediente investigativo. La razón por la cual quedaron en libertad está relacionada precisamente con notables inconsistencias, afirmó tras la formalización. En ese sentido, el abogado cuestionó la coherencia entre el relato proporcionado por las presuntas víctimas y las lesiones documentadas. Es imposible que una persona que es arrojada al suelo y golpeada solo presente una lesión leve en el rostro, señaló. El defensor señaló que los informes médicos no concuerdan con las declaraciones revisadas, las cuales describen golpes y patadas en diversas circunstancias. Aseguran haber sido golpeados en el suelo o pateados en el suelo (...) Sin embargo, solo presentan una lesión leve en el rostro, explicó. Respecto al origen del altercado, González aseguró que aún no ha tenido la oportunidad de conversar a fondo con sus representados. No obstante, descartó cualquier motivación política detrás de sus acciones. No tienen interés en política ni afiliación política alguna, afirmó. Por último, el abogado enfatizó que el caso debe continuar siendo investigado, pero también advirtió sobre las consecuencias graves de proporcionar información imprecisa en un proceso penal. La violencia definitivamente no es una solución (...) pero mentir o distorsionar los hechos en una investigación penal también puede ser grave, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía de Valparaíso ha iniciado una investigación por la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad en la comuna de Olmué, incidente que dejó al parlamentario y a uno de sus asesores con lesiones leves. Según informó la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la denuncia fue presentada cerca de las 00:25 horas del domingo, luego de un altercado en la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo. De acuerdo con la versión proporcionada por el Ministerio Público, el legislador estaba bailando junto a su abogada y acompañado por un asesor cuando fue agredido por un individuo desconocido, quien le golpeó en el rostro. Tras el primer ataque, el diputado Olivares fue llevado fuera del recinto por sus acompañantes. Sin embargo, en ese lugar fue nuevamente abordado por el mismo individuo, esta vez acompañado por otro sujeto, quienes lo derribaron al suelo y continuaron golpeándolo. Durante el incidente, también resultó herido el asesor del diputado al intentar intervenir. La Fiscalía ordenó que ambas víctimas fueran trasladadas a un centro médico para verificar sus lesiones, además de tomar declaraciones a testigos y afectados con el fin de identificar a los responsables. Desde el círculo cercano al diputado afirmaron que el ataque podría haber sido motivado políticamente. Según la denuncia pública realizada por el parlamentario, el agresor habría gritado La izquierda siempre vive antes de golpearlo. A través de las redes sociales, el parlamentario del PDG condenó el incidente y aseguró que no será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones. Hasta el momento no se han reportado detenciones, mientras que las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público y Carabineros. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Educación, María Paz Arzola, abrió la puerta a una eventual “pausa” en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en algunas comunas del país, en medio de crecientes cuestionamientos al modelo y tras reunirse con cerca de 70 alcaldes. En entrevista con Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado explicó que la cartera está evaluando distintos escenarios para revisar el funcionamiento del sistema antes de continuar con nuevos traspasos de establecimientos municipales. “Lo que importa es el bienestar de los niños”, sostuvo la titular del Mineduc, enfatizando que existen realidades muy distintas entre municipios y que no todas las comunas enfrentan los mismos problemas. Según indicó, algunos municipios han mantenido buenos resultados educativos e incluso destinan recursos propios para sostener sus escuelas. La ministra reconoció que la actual legislación fija el año 2030 como plazo para completar el traspaso total a los SLEP, pero admitió que el Ejecutivo estudia cambios legales que permitan flexibilizar el proceso. “ Hay una ley que nos limita y que hay que cumplir”, afirmó. En ese contexto, Arzola señaló que se analiza la posibilidad de postergar el ingreso de ciertas comunas al nuevo sistema mientras se revisan mejoras estructurales. “Puede ser que ciertos municipios puedan quedarse más tiempo con sus escuelas”, planteó. La autoridad también reconoció dificultades en el funcionamiento de algunos SLEP, apuntando a problemas de burocracia y lentitud administrativa. La integrante del Gobierno afirmó que la burocracia está asfixiando la educación en Chile, asegurando que el objetivo es transformar al ministerio en un “ facilitador ” para las escuelas y no en un obstáculo. Fuente: ADN Radio Nacional
El Ministerio de Salud (Minsal) ha salido a defender los ajustes presupuestarios aplicados al sistema público de salud, en medio de crecientes críticas del Colegio Médico y cuestionamientos políticos por el eventual impacto en la red asistencial. En un comunicado oficial, la cartera ha enfatizado que las reducciones forman parte de una estrategia de eficiencia del gasto público y que no comprometen la atención directa de pacientes ni el funcionamiento esencial de los hospitales. De acuerdo con el Minsal, el ajuste global del sector alcanza un 2,5%, cifra que, según han subrayado, debe ser interpretada en contexto. “Si bien algunos montos pueden parecer elevados de forma aislada, representan una fracción menor del presupuesto operacional de cada establecimiento”, señaló la cartera liderada por May Chomali. En esa misma línea, el ministerio ha detallado que en grandes recintos hospitalarios los recortes tienen un impacto acotado. Por ejemplo, el ajuste del Hospital Sótero del Río bordea los $3.182 millones, lo que equivale al 1,1% de su presupuesto operativo. En el Hospital del Salvador, la reducción de $2.757 millones representa un 1,4%, mientras que en el Hospital Regional de Antofagasta el recorte de $2.049 millones equivale al 1,2% de sus recursos. El Minsal también ha destacado que en Atención Primaria de Salud (APS) la disminución es aún menor, alcanzando solo un 0,5%, asegurando que se mantendrán sin cambios la entrega de medicamentos y la estrategia de APS Universal. “Estos ajustes apuntan principalmente a mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas”, afirmó la cartera. Las declaraciones del ministerio surgen luego de que el Colegio Médico advirtiera que los recortes podrían afectar el “corazón del funcionamiento hospitalario”, especialmente en el financiamiento diario de la operación de los recintos y la capacidad de respuesta de la red pública. Desde el gremio médico se ha insistido en que la reducción de recursos podría tensionar aún más un sistema que ya opera con alta demanda y limitaciones estructurales, reabriendo el debate sobre el nivel de financiamiento del sistema sanitario chileno. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao, se encuentra en medio de una nueva controversia tras admitir la existencia de sociedades que no fueron declaradas en su patrimonio e intereses, y sugerir que otros miembros del gabinete podrían estar en una situación similar. La polémica surge a raíz de una investigación publicada por Fast Check, que revela que la secretaria de Estado habría omitido al menos tres sociedades: una consultora familiar, una empresa tecnológica en Estados Unidos y una asociación de propietarios vinculada a un exclusivo barrio residencial estadounidense. En una entrevista con el medio, Lincolao confirmó la existencia de estas sociedades y mencionó que una de ellas habría sido disuelta después de asumir el cargo, aunque no hay registros públicos que respalden este proceso hasta el momento. Además, sus declaraciones generaron preocupación política al lanzar la frase: “¿Tú hiciste fact check de los otros ministros también?”, insinuando la posibilidad de que haya más casos similares dentro del Ejecutivo. Según el portal citado, Los otros ministros me dijeron que ellos no habían puesto cosas de ese tipo. Estas afirmaciones provocaron una pronta reacción por parte de parlamentarios tanto oficialistas como de oposición. Los diputados Juan Santana, Luis Cuello, Bernardo Salinas y Gael Yeomans anunciaron que enviarán oficios a todos los ministros para esclarecer posibles omisiones patrimoniales en el gabinete. Yeomans enfatizó la importancia de presentar declaraciones “ fidedignas ” para evitar conflictos de interés y garantizar que las decisiones públicas estén alineadas con el interés ciudadano y no con beneficios personales. Por otro lado, Santana señaló la delicadeza del caso debido a que una de las sociedades está relacionada con el ámbito tecnológico, precisamente el sector que la ministra debe supervisar desde su cartera. Los parlamentarios no descartan recurrir a la Contraloría General de la República si se confirman nuevas irregularidades, con el fin de investigar posibles incumplimientos a las normas de transparencia y probidad pública. Fuente: ADN Radio Nacional
En una audiencia llevada a cabo este martes, se formalizó la situación de los dos individuos detenidos por la agresión al diputado Javier Olivares, quienes enfrentan cargos por atentado contra la autoridad. En el transcurso de la audiencia, la parte acusadora solicitó prisión preventiva para ambos acusados. Sin embargo, el tribunal desestimó esta medida cautelar, así como la petición de firma semanal presentada por el Ministerio Público, argumentando falta de pruebas suficientes para respaldar las solicitudes planteadas en la audiencia. El abogado defensor de los hermanos Pinto Pinto, Felipe Alonso González Hernández, explicó que la decisión se basa en las deficiencias que, a su parecer, presenta el expediente investigativo. La razón por la cual quedaron en libertad está relacionada precisamente con notables inconsistencias, afirmó tras la formalización. En ese sentido, el abogado cuestionó la coherencia entre el relato proporcionado por las presuntas víctimas y las lesiones documentadas. Es imposible que una persona que es arrojada al suelo y golpeada solo presente una lesión leve en el rostro, señaló. El defensor señaló que los informes médicos no concuerdan con las declaraciones revisadas, las cuales describen golpes y patadas en diversas circunstancias. Aseguran haber sido golpeados en el suelo o pateados en el suelo (...) Sin embargo, solo presentan una lesión leve en el rostro, explicó. Respecto al origen del altercado, González aseguró que aún no ha tenido la oportunidad de conversar a fondo con sus representados. No obstante, descartó cualquier motivación política detrás de sus acciones. No tienen interés en política ni afiliación política alguna, afirmó. Por último, el abogado enfatizó que el caso debe continuar siendo investigado, pero también advirtió sobre las consecuencias graves de proporcionar información imprecisa en un proceso penal. La violencia definitivamente no es una solución (...) pero mentir o distorsionar los hechos en una investigación penal también puede ser grave, concluyó. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía de Valparaíso ha iniciado una investigación por la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares durante una actividad en la comuna de Olmué, incidente que dejó al parlamentario y a uno de sus asesores con lesiones leves. Según informó la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la denuncia fue presentada cerca de las 00:25 horas del domingo, luego de un altercado en la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo. De acuerdo con la versión proporcionada por el Ministerio Público, el legislador estaba bailando junto a su abogada y acompañado por un asesor cuando fue agredido por un individuo desconocido, quien le golpeó en el rostro. Tras el primer ataque, el diputado Olivares fue llevado fuera del recinto por sus acompañantes. Sin embargo, en ese lugar fue nuevamente abordado por el mismo individuo, esta vez acompañado por otro sujeto, quienes lo derribaron al suelo y continuaron golpeándolo. Durante el incidente, también resultó herido el asesor del diputado al intentar intervenir. La Fiscalía ordenó que ambas víctimas fueran trasladadas a un centro médico para verificar sus lesiones, además de tomar declaraciones a testigos y afectados con el fin de identificar a los responsables. Desde el círculo cercano al diputado afirmaron que el ataque podría haber sido motivado políticamente. Según la denuncia pública realizada por el parlamentario, el agresor habría gritado La izquierda siempre vive antes de golpearlo. A través de las redes sociales, el parlamentario del PDG condenó el incidente y aseguró que no será la violencia política de extrema izquierda la que silencie mis convicciones. Hasta el momento no se han reportado detenciones, mientras que las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público y Carabineros. Fuente: ADN Radio Nacional
La ministra de Educación, María Paz Arzola, abrió la puerta a una eventual “pausa” en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en algunas comunas del país, en medio de crecientes cuestionamientos al modelo y tras reunirse con cerca de 70 alcaldes. En entrevista con Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado explicó que la cartera está evaluando distintos escenarios para revisar el funcionamiento del sistema antes de continuar con nuevos traspasos de establecimientos municipales. “Lo que importa es el bienestar de los niños”, sostuvo la titular del Mineduc, enfatizando que existen realidades muy distintas entre municipios y que no todas las comunas enfrentan los mismos problemas. Según indicó, algunos municipios han mantenido buenos resultados educativos e incluso destinan recursos propios para sostener sus escuelas. La ministra reconoció que la actual legislación fija el año 2030 como plazo para completar el traspaso total a los SLEP, pero admitió que el Ejecutivo estudia cambios legales que permitan flexibilizar el proceso. “ Hay una ley que nos limita y que hay que cumplir”, afirmó. En ese contexto, Arzola señaló que se analiza la posibilidad de postergar el ingreso de ciertas comunas al nuevo sistema mientras se revisan mejoras estructurales. “Puede ser que ciertos municipios puedan quedarse más tiempo con sus escuelas”, planteó. La autoridad también reconoció dificultades en el funcionamiento de algunos SLEP, apuntando a problemas de burocracia y lentitud administrativa. La integrante del Gobierno afirmó que la burocracia está asfixiando la educación en Chile, asegurando que el objetivo es transformar al ministerio en un “ facilitador ” para las escuelas y no en un obstáculo. Fuente: ADN Radio Nacional
